La reciente discusión sobre contribuciones de bienes raíces permite dirigir el análisis a la esencia misma del Impuesto Territorial. Conviene aprovechar la molestia ciudadana para preguntarse si aún es razonable mantener este tributo, que es la forma impositiva más antigua de la historia. En la sociedad agraria y campesina del Medioevo fue el principal tributo, pues la tenencia de tierra era el principal índice de riqueza. En ella se gravaba a los inmuebles como fuente actual de ingresos. En una sociedad industrial, urbana y tecnológica, cuya riqueza aumenta constantemente y se centra en bienes inmateriales, el Impuesto Territorial pierde parte importante de su efectividad. Sólo puede afectar indirectamente las actividades industriales y comerciales, pero también afecta el uso habitacional de inmuebles, al gravar la propiedad raíz como fuente potencial de ingresos. Es un impuesto “real”, que no considera en principio las personales características del contribuyente. Además es un impuesto “objetivo”, por lo que no establece montos exentos en virtud de las relaciones familiares del contribuyente (casado o soltero, número de hijos o dependientes, etcétera) ni por las deudas asociadas al inmueble (un crédito hipotecario que financie su adquisición).

Un tributo de tales características sólo pudo justificarse en tanto las exiguas necesidades financieras del Estado no exigieron métodos más precisos de determinar la capacidad contributiva de los ciudadanos. Cuando los impuestos sobre las rentas (fuente actual de ingresos e índice directo de capacidad contributiva) se transforman en la principal forma impositiva, el Impuesto Territorial es redefinido como un tributo que grava indirectamente la renta, o bien como la compensación debida por el amparo a la propiedad privada o por el costo que produce al Estado el uso de los inmuebles.

Pero tales justificaciones no son aceptables. La tenencia de un inmueble como índice indirecto de capacidad contributiva sólo puede asemejarse a la tributación por rentas presuntas, que tiene carácter restrictivo y es una forma de facilitar el cumplimiento tributario de pequeños contribuyentes o de difícil fiscalización, evitándoles los costos propios de la determinación de las rentas efectivas. Dichas presunciones se asocian a indicadores efectivos de obtención de rentas (por ejemplo, a montos netos de ventas), lo que no sucede con el Impuesto Territorial, que asocia una presunción de renta a la mera tenencia de un bien raíz, obviando que dicha tenencia puede generar ingresos, arrojar pérdidas o simplemente no producir efecto patrimonial alguno. Dicho tributo ignora esta distinción y grava la tenencia de inmuebles con total prescindencia de su capacidad generadora de rentas, impidiendo que sea considerarlo como un impuesto sobre rentas presuntas.

Si los ciudadanos debieran un precio por el amparo a la propiedad privada, o por el costo que produce al Estado el uso de los inmuebles, cada propietario debiera pagar en función y proporción de las prestaciones estatales recibidas. Así, los propietarios de menores ingresos pagarían más, considerando que demandan mayores servicios del Estado, lo cual contradice el carácter progresivo del tributo, que grava con mayores impuestos a los propietarios de inmuebles más extensos o de mayor valor, que requieren menos servicios del Estado.

Como se ve, el Impuesto Territorial no aparece como una forma razonable de distribuir las cargas públicas entre los ciudadanos. Nos encontramos frente a un gravamen sobre la mera tenencia de inmuebles y determinado sobre el valor de éstos (cualesquiera que sean los criterios y métodos utilizados para dicha valoración), que no representa siquiera un índice indirecto de capacidad contributiva que sea admisible constitucionalmente.

Si se pretende gravar con este impuesto a los sectores de mayores ingresos y así financiar la actividad de las municipalidades, estimamos que el medio idóneo sería reemplazar el Impuesto Territorial por un impuesto adicional sobre la renta, de carácter municipal, que grave a las empresas y a los individuos residentes de modo similar a los actuales impuestos a la renta. Dicha reforma podría ir acompañada de modificaciones al cálculo del impuesto, que permitan descontar de éste o de su base imponible montos equivalentes a los gastos de subsistencia del contribuyente y su grupo familiar. A nuestro entender, ésta es la única manera razonable y justa de distribuir las cargas públicas en Chile.

Felipe Yáñez Villanueva
Profesor de Derecho Tributario
Universidad de los Andes

Esta entrada fue enviada el Lunes, 8 de Mayo de 2006 a las 12:37 pm y está archivada bajo Prensa. Puedes seguir las respuestas a esta entrada a través de la fuente RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propia página.