Empresa y desarrollo cultural
Prácticamente todos los sectores concuerdan en el rol predominante que le corresponde al Estado en el desarrollo del patrimonio cultural y artístico en general, pero poco se habla del papel que puede jugar el sector privado, y de las vías que nuestra legislación establece para que las empresas hagan suya esta tarea. Ante episodios como el posible cierre de Radio Beethoven o la más reciente crisis del Teatro Municipal de Santiago, se alzan voces que claman legítimamente por una intervención activa del Estado, que asegure el acceso a determinados bienes culturales, pero son muy pocos los que asumen como propio el inmenso desafío que representa el desarrollo de la cultura y el arte en Chile (aún cuando existen honrosísimas excepciones).
La falta de herramientas adecuadas para este objeto, no es excusa. A partir de la Ley de Donaciones Universitarias, de 1987, se comenzó a desarrollar un estatuto jurídico para los aportes culturales privados. La Ley 18.985 de Donaciones Culturales, de 1990 -conocida como Ley Valdés, materializó la posibilidad para empresas y personas naturales de contribuir a proyectos culturales, imputando un 50% de la donación a un crédito en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario. Y si bien se produjo un descenso importante con las modificaciones introducidas en 2003 a esta ley para evitar algunos abusos, la inversión privada en cultura se ha estabilizado en torno a los 6 mil millones de pesos anuales, y el número de donantes ha aumentado. Aunque es una cifra atractiva, no alcanza siquiera al presupuesto anual del Teatro Municipal, por lo que el aporte no puede calificarse de suficiente.
El problema parece radicar, entonces, en la falta de información, y en la propia gestión de las empresas e instituciones que podrían acogerse a los beneficios de esta ley. Urge conectar efectivamente a las organizaciones culturales con las empresas, a través de una gestión especializada, que vincule sus intereses y comprenda también la normativa tributaria. Hablamos de un instrumento clave para aportar colecciones a museos, equipar bibliotecas y mantener orquestas infantiles, entre otros muchos fines, que es además complementario de los fondos concursables estatales, en particular para proyectos de gran envergadura. Y lo interesante es que en este caso son los propios contribuyentes los que deciden qué financiar. Así las cosas, los empresarios también tienen la palabra para hablar de cultura, y cuentan con las vías adecuadas para fomentar el acceso y goce de nuestros bienes culturales.
Rodrigo Velasco A.
Alessandri & Compañía