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El proyecto actualmente en discusión en el Congreso tiene su origen en las obligaciones adquiridas por Chile en el ámbito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y persigue aumentar las penas a los delitos de propiedad intelectual, incluyendo nuevas áreas como la piratería en Internet y la responsabilidad que en ella cabe a las empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP's).
La primera fuente de desacuerdo ha residido precisamente en la regulación de estas responsabilidades en una ley de derecho de autor, dado que en Chile no existe norma especial respecto de delitos en Internet, y éstos obviamente exceden ese campo (estafas, pornografía infantil, falsificación de marcas, etc.). Hasta hoy la base para hacer valer la responsabilidad de los ISP's en Chile tiene fuente jurisprudencial: un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que en 1999 estableció la responsabilidad de los proveedores de acceso, siguiendo la doctrina de "puerto seguro", que en términos generales establece la responsabilidad de los ISP's por las infracciones que cometen sus clientes cuando, al tomar conocimiento de una actividad ilegal, no retiran los datos o hacen imposible el acceso a ellos. Y dicho fallo se dictó, precisamente, fuera del ámbito de la propiedad intelectual, en el marco de un recurso interpuesto por los padres de una menor cuya imagen fue expuesta en Internet por su ex-novio, ofreciendo servicios sexuales.
Por lo mismo, la discusión se ha centrado a continuación en los mecanismos de notificación y remoción de contenidos infractores (notice & takedown), por un lado a objeto de que los propios ISP's implementen reglamentos internos para la terminación del servicio -como ya ocurre en muchos sitios y "comunidades virtuales" a nivel mundial-, sin necesidad de que medie una sentencia judicial, como lo han exigido por su parte algunos proveedores. Para los titulares de derechos, en cambio, judicializar estos mecanismos haría ilusorio remover el material ilegal, en un medio en que bastan unas pocas horas para que las pérdidas por descargas de software, películas o música pirateada sean considerables. Y es que de ser así, la nueva ley de derecho de autor podría terminar, paradójicamente, empeorando la situación actual de los autores ante la piratería en Internet.
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The bill currently under Congressional consideration originates in the commitments undertaken by Chile pursuant to the Free Trade Agreement with the United States and intends to increase the penalties for IP crimes, including in new areas such as Internet piracy and the associated liability of ISPs.
The first source of contention came from the need to regulate these liabilities in a Copyright Law, because Chile does not have a specific norm for Internet crimes and they obviously exceed the copyright field (fraud, child pornography, trademark infringement, etc). Until today, the basis for ISP liability has been provided by court decisions: a Concepción's Appeals Court decision of 1999 found access providers liable following the safe harbor doctrine that, in general terms, makes ISPs liable for the infringements incurred by their clients when, upon learning about an unlawful activity, ISPs do not remove the data or make its access impossible. This decision was delivered outside the IP field, in the context of the remedy sought by the parents of a minor whose image was shown on the Internet by her former boyfriend, offering sexual services.
For the same reason, Congressional discussions have also addressed the mechanisms to serve process and to remove unlawful contents ("notice and takedown"), so that ISPs themselves implement internal regulations leading to service termination - as is already the case on many websites and virtual communities worldwide - without requiring a court decision, as demanded by some ISPs.
However, from the copyright holders' viewpoint, taking these mechanisms to court would render illusory any removal of illegal material, in a medium where just a few hours of pirated software, movies or music downloads can generate significant losses. Should this approach be followed, the new Copyright Law could, paradoxically, worsen the standing of authors in respect of Internet piracy.
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