New Law Amends the Consumer Rights Protection in Chile.
The Diario Oficial (Official Gazette) published today the text of Law Nr. 19,955 which introduces amendments to Law Nº 19,496 on consumer rights protection.
Undoubtedly, one of the most controversial and innovative aspects in this new law has been the introduction of the so-called "Class Actions". These actions give consumer associations or groups the capacity to litigate in the courts to protect or guard their collective interests and also to protect "diffuse" interests. A collective interest deserving protection will exist when any supplier has damaged a specific or recognizable consumer group and said group demands the pertinent sanctions and claims compensation for the losses sustained. On the other hand, the actions that intend to protect a diffuse interest, seek to defend an indeterminate universe of consumers whose rights are threatened by an infringement to rules that protect said rights; and therefore, these actions do not entitle to seek compensation for damages.
The controversy generated on these matters comes from the experience of other countries, where the introduction of this kind of actions has created a "claims industry". The law under analysis introduces several restrictions on filings and the merits for these actions and, also, stipulates penalties for imprudent filings. These restrictions strive to limit or discourage unwarranted lawsuits. Accordingly, lawsuits may only be filed by the National Consumer Service, SERNAC, a consumer association or by a consumer group directly affected by a product or service, which must represent at least 50 people. In this sense, imprudent filing of two or more actions by a consumer association, within a three-year period, may lead to the cancellation of its license, without prejudice to other penalties.
With the purpose of promoting the creation of consumer associations, the law considerably simplifies their incorporation procedure, given that today there are only two associations in Chile. With the same purpose, the law sets up a fund to finance their activities, and allows these entities to carry out some activities for profit. Other new concepts in this law are the extension of its scope to areas such as the sale of homes, health care and educational services contracts, in all matters not related to their quality; and contracts covering real estate time sharing. The law creates the "right to retract", or the right to rescind (repeal) the purchase of a good or service, in special cases such as those involving contracts subscribed through electronic means or otherwise remotely, payment of college/university fees and transactions closed in meetings set up by suppliers for this purpose.
With relation to advertising matters, the law defines a new type of deceptive advertising, penalizing messages that create confusion on products, trademarks or other distinctive signs used by the competition. It also raises applicable fines. Concerning e mail advertising, the law mandates the inclusion of a mechanism that will allow the addressee to request that e mails be suspended (anti-spam rule) and a similar system is set up for advertising carried out through the postal system, facsimile or telephone.
Finally, several other special protection rules should be noted, such as the one stipulating that adhesion contracts must be easily readable, specifying a minimum font size of 2.5 millimeters; it forbids the tacit acceptance of consumer obligations ("silence may not constitute acceptance"); the obligation imposed on every supplier to exhibit in a visible place the complete identification of the individual who is in charge of the store, for purposes of servicing claims and making complaints; and the need to include in sales slips and vouchers the interest rate that will be applied to installment of purchase prices. For additional information, please contact
alessandri@alessandri.cl
| Nueva Ley sobre modificaciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.955 que introduce modificaciones a la Ley 19.496 sobre protección a los derechos de los consumidores.
Sin duda, uno de los aspectos más polémicos e innovadores de este proyecto ha sido la introducción de las llamadas "Acciones de Clase" ("Class Actions"). Estas acciones representan la posibilidad que tendrán asociaciones o grupos de consumidores de ocurrir en conjunto ante los tribunales de justicia para proteger o precaver sus intereses colectivos o difusos. Existirá un interés colectivo que proteger cuando un grupo determinado o determinable de consumidores haya sufrido un perjuicio provocado por algún proveedor y reclame las sanciones e indemnizaciones que corresponda. Las acciones que tienen por objeto amparar un interés difuso, en cambio, buscan proteger un universo indeterminado de consumidores cuyos derechos se ven amenazados por alguna infracción a las normas sobre protección a los mismos; estos últimos procesos no podrán, por ello, perseguir la indemnización de perjuicios de los beneficiados. La polémica creada en torno a estas materias ha derivado de la experiencia de otros países, en que la introducción de este tipo de acciones ha llevado a una "industria del reclamo". El proyecto que nos ocupa, contempla diversas restricciones para la interposición y procedencia de estas acciones, como también, sanciones por su interposición temeraria, exigencias que pretenden restringir y desincentivar este tipo de procesos injustificados. Así, sólo podrán ser ejercidas estas acciones por el Servicio Nacional del Consumidor ("SERNAC"), alguna asociación de consumidores o, finalmente, por un grupo de consumidores directamente afectado por una prestación, el que no podrá ser inferior a 50 personas afectadas. En el mismo sentido, el ejercicio temerario de dos o más acciones por una asociación de consumidores, en un período de tres años, podrá llevar a la disolución de la misma, sin perjuicio de otras sanciones. Con la finalidad de promover la creación de asociaciones de consumidores, se simplifica considerablemente el procedimiento para su constitución, ya que en la actualidad sólo existen dos de éstas en el país; creándose, también, un fondo concursable para el financiamiento de sus actividades y permitiéndose el ejercicio de ciertas actividades lucrativas por estas entidades. Otras novedades del proyecto son la ampliación del ámbito de aplicación de la ley, a materias como la venta de viviendas, contratos de salud y de educación, en todo lo que no diga relación con la calidad de dichas prestaciones, como también, a los contratos sobre inmuebles llamados "tiempo compartido". Se instaura legalmente el "derecho de retracto", o derecho a dejar sin efecto (devolver) la adquisición de un bien o servicio, para casos especiales, tales como los contratos celebrados por medios electrónicos o a distancia, pagos de matrículas o aranceles por educación superior o la compra de bienes y contratación de servicios en reuniones concertadas con dicho objetivo por el proveedor.
En materia de publicidad se especifica un nuevo tipo de publicidad engañosa, sancionándose los mensajes publicitarios que produzcan confusión respecto de productos, marcas u otros signos distintivos de la competencia, y se aumentan las multas en esta materia. Para la publicidad por e-mail se establece la obligatoriedad de contemplar un mecanismo mediante el cual el destinatario pueda solicitar la suspensión de los envíos (regla "anti-spam"); contemplándose un sistema similar respecto de comunicaciones publicitarias postales, vía fax o telefónicas. Destacamos, finalmente, diversas normas especiales de protección, como establecer que los contratos de adhesión deberán ser fácilmente legibles, estableciéndose un tamaño mínimo de la letra de sus cláusulas en 2,5 mm; prohibiendo la aceptación tácita de obligaciones del consumidor ("el silencio no puede constituir aceptación"); la obligación de todo proveedor de exhibir en un lugar visible del local la individualización completa de quien cumpla la función de jefe de local, para efectos de notificación de denuncias y reclamos; y la necesidad de incluir en las boletas o comprobantes la tasa de interés que se aplique sobre saldos de precio en compras a plazo. Para mayor información escríbanos a
alessandri@alessandri.cl
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