Todos los años, la Oficina de Comercio de EEUU publica una lista con los países que, según esa entidad, incumplen acuerdos internacionales al no proteger los derechos de propiedad intelectual. Año tras año Chile es incluido en esa “lista de observación prioritaria”, comúnmente llamada “lista roja”. Y año a año -vamos por el octavo-, se repiten las mismas quejas y alharacas, con pirotécnicas declaraciones y golpeaduras de pecho que aseguran que Chile ha hecho todo lo necesario para cumplir sus compromisos comerciales, y en particular el TLC con ese país. Pero el reclamo yanqui es claro: en la práctica, Chile permite que algunos laboratorios vendan copias de medicamentos patentados y accedan a los datos de prueba de las drogas innovadoras (para efectos de hacer esas copias). Nadie lo niega tampoco, pues implicaría aceptar someternos a la prueba de la blancura. Por el contrario, se argumenta que el ISP no podría fiscalizarlo al aprobar nuevos productos, o que hacerlo impactaría el precio de los medicamentos. Vale decir, en Chile optaríamos por incumplir este punto, desconociendo las patentes farmacéuticas por razones económicas. Es absurdo entonces hacernos los dolidos, asegurando que no entendemos cómo ni por qué incumpliríamos el TLC, si éste dice textualmente que respecto de los fármacos, Chile “deberá negar la autorización de comercialización a cualquier tercero antes del vencimiento del plazo de la patente”. Dejemos de ser hipócritas, fingiendo que el compromiso del tratado fue distinto, o atribuible a una negociación negligente en que se acordó algo pero se dejó otra cosa por escrito. Si se quieren adoptar políticas de salud para limitar las patentes en casos de interés público, Chile tiene las herramientas para hacerlo. Pero no podemos seguir hablando de medidas pro innovación y encubriendo esta política de vista gorda proteccionista, que asegura el negocio de los grandes laboratorios chilenos (hoy multinacionales), para luego escandalizarnos y rasgar vestiduras cada mayo, cuando nos recuerdan que seguimos al debe.

Raúl Montero López
41 años, casado, 2 hijos.
Asociado Senior Alessandri & Compañía Abogados,
Director Área de Litigios

TRAYECTORIA. Abogado de la Universidad de Chile. Es el director del Área de Litigios de Alessandri & Compañía. Trabajó en el grupo Telefónica por casi dieciocho años, diez de los cuales fue Gerente Legal de la dirección de Asuntos Jurídicos. Participó también en diversos proyectos, como la incorporación de capitales privados en las empresas sanitarias, actuando en representación de Corfo. Tiene vasta experiencia en temas corporativos, financieros, administrativos, de dirección y gestión; y en materias judiciales de todo tipo, como arbitrajes civiles y comerciales, resolución de conflictos, derecho de libre competencia, telecomunicaciones y mercados regulados. Además, cuenta con una amplia experiencia académica tanto en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la cual se desempeña desde hace 14 años, como en universidades privadas -Del Desarrollo y Finis Terrae-. En todas es profesor de Derecho Procesal, en programas de pre y postrado. Respecto de estos últimos, participa actualmente en un diplomado sobre la reforma Procesal penal para los oficiales de la Escuela de Carabineros de Chile, en el magíster de la reforma procesal civil y en un diplomado de Litigación Oral, entre otros.
PUBLICACIONES RECIENTES. En coautoría con el Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, escribió en 2011 el libro Derecho Procesal Penal.
CASOS RELEVANTES. Ha participado directamente en diversos procesos relevantes, especialmente en materia de telecomunicaciones, asuntos comerciales, seguros, construcción de obras, competencia desleal y libre competencia, responsabilidad civil contractual y extra contractual y diversos arbitrajes.
HOBBIES. Practica regularmente motociclismo.

Aunque al escribir estas líneas aún no conocemos el detalle de la propuesta del Gobierno, sí sabemos que se pedirá un esfuerzo adicional a las empresas para financiar en un 100% y, en forma permanente, la reforma educacional. Junto con esto, el Gobierno pretende entregar un alivio tributario a las personas, a las pymes y a la clase media, en palabras textuales del Presidente.

Los independientes y asalariados de clase media, que disponen de escasos mecanismos para bajar su carga impositiva, reducirán la tasa máxima del impuesto global complementario y de segunda categoría. Además se establecería la posibilidad de deducir los gastos en educación de los hijos de la base imponible del impuesto personal. La rebaja del Impuesto de Timbres y Estampillas (ITE) también favorecerá a las personas más humildes, que podrán acceder a créditos con menores costos financieros.

Y para ello las empresas van a tener que pagar más impuestos. El impuesto corporativo chileno es bajo comparado con el existente en otros países de la región e incluso en países desarrollados, y si se incrementara a un 20%, no superará el promedio del impuesto establecido por economías que se han planteado la promoción del crecimiento mediante un régimen tributario de incentivos.

En relación con una rebaja al Impuesto al Petróleo, todo indica que la reforma considerará sólo el pago de un bono único de monto fijo, en beneficio de sectores directamente afectados, como el transporte escolar, taxis, colectivos, entre otros. En este aspecto, el beneficio no constituye una menor carga impositiva y su establecimiento más pareciera una moneda de canje que una medida sustentada en criterios técnicos rigurosos, situación extremadamente compleja a la hora de una discusión parlamentaria sobre impuestos.

El proyecto contemplaría también la derogación o modificación de algunos “loopholes”, regímenes de exención cuya utilización no constituye evasión y que han sido en general bien utilizados por los contribuyentes. El abuso de unos pocos no debiera llevar al cercenamiento de los beneficios de muchos. Para eso existe la fiscalización adecuada del SII, como una herramienta tanto o más eficiente que una reforma legal.

Pulso, 26 de abril de 2012

Y hay cambios importantes. Uno de los más llamativos es que por primera vez se establece la caducidad de marcas por no uso. Hoy, no es necesario utilizar la marca que se inscribe, basta con renovarla cada 10 años para protegerla. Ahora, poniendo la legislación chilena en línea con la del resto del mundo, se establece que si una marca no se usa durante cinco años va a quedar sujeta a caducidad. Eso resolvería el problema de la inscripción de marcas para bloquear acceso a mercados o de marcas notorias, nacionales y extranjeras, para luego cobrar por el traspaso.

Por cierto, esa es sólo una de las modificaciones. Morales destaca avances sustantivos y de procedimiento. “Se facilita el proceso de adquisición de los derechos de registro, se facilita el ejercicio de acciones civiles en caso de infracción y se regulan de mejor manera los tipos penales por atentados a los derechos ya concedidos”, detalla. Se aumentan las penas y, en el caso de las marcas, se sanciona la falsificación con cárcel. Se simplifica el procedimiento de registro de diseños industriales, que demandarán menos trámites y tiempo. Asimismo, se facilita el registro de ciertas categorías que benefician a grupos amplios de productores y comerciantes, como denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Morales resalta que el trabajo contó con la participación de muchos actores interesados en la propiedad industrial en Chile. El año pasado el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Inapi, pidió propuestas temáticas para ser incluidas en la ley y en marzo se presentó a consulta ciudadana el proyecto con el articulado ya redactado. “Y fue una sorpresa ver un tratamiento integral de la materia, sin las presiones propias de los tratados que vimos durante la década anterior”, comenta.

¿Qué queda fuera? El linkage, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual de la industria farmacéutica y que en este momento se tramita en un proyecto separado. Morales cree probable que este texto se refunda con la ley de propiedad industrial durante el trámite en el Congreso, y de ser así, podría dilatar la tramitación de la ley. “Hay bastante impulso en el último tiempo (…) hay que ver si se mantiene”, señala.

Pulso, 26 de abril de 2012

Acceso libre y gratuito para todos. A estas alturas, un cliché de uso multifuncional: podría tratarse de una máxima del acceso a la educación, a la salud, o del acceso a Internet, o a la cultura. Lo cierto es que es fórmula ganadora. Y la razón es más o menos obvia. Si todos los ojos están puestos en el movimiento social y en el activismo de redes ciudadanas, qué podría traer más dividendos que poner a la gente del lado de sus objetivos económicos, más aún en nombre de la libertad y la gratuidad (¡y qué manera de ahorrarle esfuerzos de lobby corporativo!). Así lo hicieron varias empresas de Internet para bajar sus costos al montar negocios de libros y películas, enfrentando al público contra los autores y productoras (y dando un paso atrás si demandaban a usuarios inocentes): acceso libre a la cultura. Y así lo han hecho muchas farmacéuticas para evitarse los costos de investigación, patentamiento y bioequivalencia: acceso libre a los medicamentos genéricos. Si alguien se opone a fines tan altruistas, el antídoto está a la mano: los mayores costos deberán asumirlos los consumidores. Algo así como “defiéndanse y defiéndannos”. Y ojo, que el argumento se repite al hablar de reforma tributaria. Hoy resuena nuevamente con motivo de la ley de televisión digital: acceso libre y gratuito a la televisión abierta. ¿Cuál sería el problema? Es que gratuidad no significa justicia. Tal como es injusto que para mejorar el acceso a la educación dejen de pagarla precisamente alumnos que sí pueden hacerlo, es injusto para los consumidores ignorar la efectividad terapéutica de los medicamentos que toman -so pena de que les suban los precios-, y es injusto para investigadores e innovadores que violen sus patentes, con la misma excusa. Es injusto para los creadores y para sus propios competidores en Internet, que empresas como Megaupload o Cuevana lucren sin pagar licencia. Y es injusto que en nombre del acceso a la TV digital, los canales pretendan ahorrarse los derechos de los artistas o que los operadores eludan pagar por las producciones chilenas.

Diario Financiero, 23 de abril de 2012

Postergado por décadas de hipocresía y verdades a medias, el problema de las barras bravas en los estadios ha resurgido con inusual protagonismo. Si hasta hace pocos meses se rasgaban vestiduras simplemente porque el presidente de un club aceptaba mantener conversaciones con la barra del equipo, hoy se ha sincerado no sólo que existen vínculos con las directivas, sino incluso financiamiento y apoyo. ¿Por qué deberíamos sorprendernos? ¿Qué tiene de raro que un club deportivo tenga una barra oficial a la cual respalda? Muy por el contrario, lo extraño es pretender que las barras desaparezcan, se prohíban, en lugar de castigar y hacernos cargo de los actos de delincuencia que sus integrantes cometen. El vandalismo, las amenazas, la violencia y los daños a la propiedad pública y privada sólo se terminarán aplicando todo el rigor de la ley a quienes escondidos en la masa pretenden adueñarse de los partidos, en desmedro del resto de los aficionados. Y los propios clubes son quienes están en la mejor posición para evitar que con sus recursos se cometan tropelías, denunciando a quienes persistan en su pretensión de ilegítimo poder y fuerza. Algo muy similar a lo que debe imperar en el partido más importante de todos: las campañas políticas. Si hoy se habla incluso del reclutamiento de barristas por parte de los comandos electorales -y aun cuando aquello fuera algo excepcional-, la transparencia en la gestión, financiamiento y responsabilidad por las acciones de comandos y brigadistas de uno u otro bando debe imponerse, tras muchos años de opacidades y reglas poco claras. Es de esperar que las recientes declaraciones de políticos y líderes de opinión acerca de la necesaria regulación del financiamiento de la política, no queden sólo en buenas intenciones, sino que se establezcan mecanismos eficientes para garantizar claridad y fiscalización en las finanzas de las campañas. Regular el financiamiento de la política es la única manera de asegurar un juego limpio e igualitario, para todos los equipos que se enfrenten en el campeonato de las políticas públicas.

Pulso, 17 de abril 2012.

La decisión del Consejo de Transparencia sobre el supuesto carácter público de la correspondencia de un ministro, marcará un antes y un después en materia de políticas de privacidad de correos electrónicos. En el sector privado, los tribunales han resuelto que los mails de un trabajador sí pueden ser considerados personales -quedando vedados, por ende, del escrutinio arbitrario del empleador-, salvo que las políticas mismas de la empresa indiquen lo contrario, sea por medio del contrato de trabajo o el reglamento interno. En el fondo, debe existir un aviso previo para que el usuario sepa que la empresa podría acceder a su correspondencia. Reglas claras. Y hasta ahora, la única excepción estaba dada por una orden judicial: a partir de la recordada incautación de computadores del Ministerio del OOPP, ordenada por la jueza Chevesich, estas diligencias ya son hoy pan de cada día. Pero de ratificarse este nuevo criterio, las consecuencias serían mucho mayores.

Todo ciudadano tendría derecho a conocer los mails de cualquier funcionario público, invirtiendo excepcionalmente el paradigma a los casos en que puedan esgrimirse razones de interés o seguridad del Estado. Pero no sólo eso. Si los mails de una casilla “.gob.cl” son de interés público, su propiedad correspondería al Estado, y serían asequibles no sólo por superiores o sucesores en el cargo, sino por las autoridades de la siguiente administración, ¿incluyendo entonces el deber de no borrarlos ni alterarlos? Imagínese la relevancia de este potencial registro público de mails, tanto para la fiscalización de cualquiera de los poderes del Estado, como para los gobiernos venideros, respecto de la correspondencia anterior de las mismas carteras. Lo evidentemente dudoso es que en este caso las reglas hayan sido claras, y que la incorporación de un ciudadano al Estado lo despoje ipso facto de su derecho a la inviolabilidad de correspondencia, sin aviso alguno. Por lo pronto, todo indica que el intercambio habitual entre funcionarios de gobierno, parlamentarios y jueces, se trasladará de inmediato a GMail u otras casillas electrónicas privadas.

13 de febrero de 2012. Después de una semana cargada de incertidumbre, en que las bolsas del mundo tuvieron resultados mixtos, el parlamento griego dio su respaldo al paquete de medidas restrictivas que la comunidad europea exigía para destrabar el segundo paquete de ayuda a la economía helénica por 130 mil millones de euros. Esto le asegura la disponibilidad de los fondos para evitar el default en el mediano plazo.

Sin embargo, esto es solo un primer paso para conseguir que la economía llegue a niveles de endeudamiento aceptables, cosa que será muy difícil de conseguir antes de 2020, aún con la estricta aplicación de medidas que son muy impopulares entre el pueblo griego. Si bien esta confirmación llevará calma a los mercados,  vemos un escenario claro de una recesión, tal vez leve, en varias de las economías europeas y por lo tanto mantenemos una posición de atención a lo que sucede con el flujo de las expectativas de los inversionistas a nivel mundial. Es de esperar que los commodities sigan con una tendencia alcista y que por lo tanto, Chile se vea beneficiado por un precio del cobre que  se mantendrá  en la tendencia que ha tenido hasta ahora.

Con todo esto en mente, nuestra recomendación es comenzar a pensar en salir parcialmente del refugio total que planteáramos en agosto de 2011, por lo que proponemos pasar a una posición de 35% de la cartera de inversiones en renta variable, conformando esta estructura de renta variable en partes iguales entre Chile y EE.UU.

Andrés Guerra, Previsionarte

Empresa Asociada a Alessandri & Hedge Consulting

With the creation and registration of these trademarks, Asoex and ProChile, seek the international positioning of Chiles’ fruit produce and in turn contribute to the construction of Chile’s image abroad. This type of project seeks to position the fruit sector at a generic level, regardless of who produces the fruit, by promoting the image, quality and value of Chilean fruit.

With the counseling of Alessandri & Compañía, the above referenced trademarks were strategically protected as both, a goods and service mark, and in the near future will seek the protection of the same as certification marks, which will grant these new brand products with a high degree of representativeness, not only by strengthening the process of internationalization of domestic SMEs but by contributing to the construction of Chile’s image abroad and providing further guarantee of the quality of the fruits exported worldwide.