¿Qué es el Derecho de Autor? ¿Cómo se protege la creación artística? ¿Cuáles son las mejores políticas públicas para fomentar la cultura nacional? La aparente simplicidad y obviedad de estas preguntas contrasta significativamente con la complejidad de responderlas, especialmente en el caso de la última de ellas.
La discusión en el Parlamento en torno a la ley que regula estas materias ha generado un amplio debate que ha convocado a autores, académicos, abogados y representantes de las denominadas “industrias culturales”, que son aquellas que producen “bienes culturales”.
Y pese a que las diversas posturas han enriquecido con sus perspectivas el intercambio de ideas, persisten aún bastantes diferencias en materias que no son menores.
La primera de ellas se refiere a la penalización de la piratería. Aunque todos los sectores están de acuerdo en que deben existir sanciones a quienes lucren con la producción de estos bienes sin pagar los derechos correspondientes, no hay un criterio consensuado para establecer el castigo.
En segundo lugar está lo que se refiere a las excepciones. Óscar Acuña, secretario abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y Conservador del Registro de Propiedad Intelectual, advirtió que es necesario establecer excepciones que sin menoscabar a los autores respalden y colaboren con la difusión de la cultura.
Explicó que muchas de las tareas de conservación realizadas por la Dibam podrían ser interpretadas como violaciones a la ley. “Necesitamos hacer copias de libros para conservación, digitalizarlos o microfilmarlos. Técnicamente eso es una reproducción, pero no tiene fines comerciales, sino de resguardo de la memoria histórica”, dijo. Esta situación llega aún más lejos en el caso de las copias en sistema braile, que se hacen de los libros para que puedan leer las personas invidentes.
Después está la disputa entre la defensa del Derecho de Autor y el acceso a la cultura de los ciudadanos. En general existe un amplio consenso en torno a la necesidad de proteger a quienes crean las obras. El abogado Felipe Schuster, de Alessandri & Compañía, aclaró que el Derecho de Autor no es (ni debe ser) un derecho igualitario para autores y consumidores, sino que siempre debe estar de parte de los primeros, porque “gracias al derecho de autor los artistas pueden vivir de su obra y eso permite que haya obras”. Sin embargo, esto se contrapone con los argumentos que defienden las copias “pirata” como una forma de masificar la cultura a bajos precios.
Schuster sostuvo que existen muchos mitos en torno a los bienes culturales producidos en Chile. En el caso de los libros, por ejemplo, aseguró que precisamente es la piratería la que crea el círculo vicioso que hace que los libros originales sean caros. Ello porque la industria informal está atentando contra las editoriales nacionales, por lo que una gran parte de los ejemplares que se venden en las librerías son importados, y mucho más caros que los que se podrían producir en Chile.
Acuña resaltó que es necesario entender que estos derechos no están en conflicto y que se deben buscar mejores mecanismos para compatibilizarlos. El mejor de ellos es educar a los usuarios, para lo cual es necesario un esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados.
“El derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura están tratados en la declaración de derechos humanos en el mismo artículo. Eso no es una casualidad y apunta a que son derechos compatibles y que hay que buscar mecanismos prácticos para que esos derechos dialoguen y lo que produzcan sea un beneficio práctico en nuestra comunidad”, afirmó.
El Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Chile, embajador Wolfgang Plasa, aclaró que las políticas del bloque continental centran su esfuerzo en la educación y creación de conciencia del público, pues el objetivo final no es castigar al consumidor individual, sino a los infractores en gran escala.
En ese sentido, la directiva 29 sobre Derecho de Autor, elaborada en 2001 por la Comisión Europea, otorga ciertas excepciones como la “copia privada” o el uso por bibliotecas públicas; y otorga derechos adicionales a los autores, como la presunción de autoría (lo que permite un accionar más eficaz para combatir las copias piratas).
Con ello se busca proteger no sólo un sector económico de importancia - la contribución de los bienes y servicios basados en derechos de autor es de cerca del 6% del PIB comunitario – sino por sobre todo, contribuir a proteger e incentivar la creación cultural.
En Chile, la gran batalla en torno al Derecho de Autor está centrada en la definición de qué se entiende por cultura, un concepto vital al momento de especificar qué se considerará un bien cultural. En la ausencia de esta denominación radican las diferencias que mantienen el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tal como explicó Schuster, no es posible “patentar una idea”. El Derecho de Autor rige sobre la obra, materializada en un objeto físico. Si se toma el por ejemplo una canción, ésta está protegida por el solo hecho de su creación. Ésa es la obra, que se materializará en un CD, que vendría siendo el “bien cultural”.
El problema, argumentó Rodrigo Rojo, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), se halla en que mientras no esté definido de una forma adecuada qué es cultura, no se podrá precisar cuáles son los bienes culturales.
Además, el hecho de que las industrias culturales reciban un tratamiento desde los marcos regulatorios de la cultura y el comercio, complica aún más el esquema, puesto resulta muy difícil establecer el límite para que lo que ellas producen éstas sean considerados bienes a secas, y no bienes culturales.
Todo ello crea un conflicto entre las políticas públicas diseñadas en el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y la Chancillería. Puesto que la primera busca fomentar la creación artística, entregando fondos para ella y la segunda debe velar por el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Chile, que restringen el uso de subsidios estatales o ayudas a la producción.
¿Por qué se produce un problema? Pues porque mientras no haya una clara definición de cultura (y con ella, de bienes culturales), los objetos en que se materializan las obras (libros, CD, pinturas u otros) se consideran bienes a secas, y cualquier ayuda para su producción es potencialmente considerable un subsidio, quedando sujeto a ser considerado un incumplimiento de Chile de sus compromisos internacionales.
Rojo rechazó que desde su repartición se esté dando un “tratamiento mercantilista a la cultura. No consideramos que la cultura sea un bien, sino que simplemente hay algunos elementos que están asociados a la industria cultural que tienen un reflejo en el comercio y, desde ese punto de vista, no hacemos una exclusión respecto a las materias de comercio”.
Las diferencias antes señaladas hacen imperioso debatir estos puntos y otros que rodean al Derecho de Autor. Éste es el objetivo perseguido el Seminario “Derecho de Autor e Industrias Culturales”, organizado por Alessandri & Compañía Abogados y Fundación Pro Bono, busca aportar a la discusión sobre la propiedad intelectual en el Chile globalizado.
Felipe Schuster aclaró que el evento busca derribar varios mitos en torno al Derecho de Autor y poner en tabla la discusión de las materias más controversiales en torno a él. Por eso se ha convocado a abogados, artistas y representantes de Gobierno, que informarán las posturas de cada uno de los sectores vinculados a la generación de bienes culturales y a su protección y promoción, quienes se darán cita el miércoles 16 de noviembre de 2005 en la Sala Fundación Telefónica (Providencia 111, Metro Baquedano), entre las 9:30 y 13:30 horas. La entrada es liberada, pero se recomienda solicitar una inscripción previa por e-mail (seminarios@alessandri.cl) o por teléfono (381 5660/5662).
Entre los participantes destacan el Jefe de la Delegación de la UE en Chile, embajador Wolfgang Plasa; la Coordinadora del Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura (Fondart), María Eliana Arntz y el diputado Gonzalo Uriarte. Los autores y productores artísticos estarán también representados con la presencia del presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), el cantautor Fernando Ubiergo; el cineasta Orlando Lübbert y el presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo.
Los abogados Rodrigo Velasco Alessandri, Felipe Schuster y Rodrigo Cooper, de Alessandri y Compañía, se encargarán de establecer el marco técnico legal del Derecho de Autor, derribando muchos de los mitos que circulan en torno a la propiedad intelectual. Asimismo, centrarán su análisis en la relación directa que existe entre el Derecho de Autor y las Industrias Culturales .
Por su parte, Rodrigo Rojo, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon); Javier Chamas, Secretario Ejecutivo del Consejo de Fomento de la Música Nacional y Óscar Acuña, secretario abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y Conservador del Registro de Propiedad Intelectual, darán cuenta de los mecanismos más adecuados para fomentar la creación artística desde el sector público y cómo éstos se enmarcan dentro del sistema internacional.
El seminario, que cuenta con el patrocino de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), la Delegación de la Comisión Europea en Chile, el Centro Cultural Estación Mapocho, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), la Cámara Chilena de Libro y Foro Ciudadano, constará de dos paneles, una exposición introductoria, un discurso de bienvenida y otro de cierre. La apertura estará a cargo de María Eliana Arntz y la clausura será realizada por el embajador Wolfgang Plasa.
La exposición inicial tratará sobre nociones básicas de la Propiedad Intelectual. Los abogados Velasco y Schuster se referirán al Derecho de Autor y su relación con las Industrias Culturales en Chile, centrándose en definir acabadamente el concepto de propiedad intelectual y derribar algunos mitos que se han construido en torno a ella.
El primer panel se titula “Visión de Estado: Políticas de Desarrollo de las Industrias Culturales Chilenas”, donde se abordarán tres temas: “Los Tratados de Libre Comercio y la Diversidad Cultural”, la “Protección de los Bienes Culturales. ¿Regulación o desregulación del mercado?” y “Políticas de Fomento y Promoción de la Cultura”. En esta mesa participarán Gonzalo Uriarte, Rodrigo Rojo, Rodrigo Cooper y Javier Chamas, y será moderada por la periodista Consuelo Saavedra.
El segundo debate busca establecer el “Panorama Actual de los Derechos de Autor y las Industrias Culturales en Chile”, centrando la discusión en la situación de la piratería, el proyecto de modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, la gestión colectiva de derechos y el diagnóstico, desarrollo y perspectivas de las Industrias Culturales. Los participantes serán Eduardo Castillo, Oscar Acuña, Alberto Cerda, Fernando Ubiergo y Orlando Lübbert, y el moderador será el periodista Matías del Río.